La norma debía tener su reglamentación a los cuatro meses de su aprobación en el Congreso.
El senador por San Juan, Roberto Basualdo, solicitó al Poder Ejecutivo que informe “si se ha reglamentado la Ley 27.231 (Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola), en caso negativo, motivos por los cuales no se ha realizado”.
La pregunta es una formalidad, la respuesta ya se sabe es negativa. De allí que el senador pregunta los motivos de la falta de reglamentación. La ley de acuicultura fue enviada al Congreso por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner e impulsada por el entonces ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela.
El Parlamento terminó de sancionarla en la Cámara de Diputados el 26 de noviembre de 2015, ya conocido el resultado del balotaje para las presidenciales, mientras Mauricio Macri se preparaba para asumir el mando en el Poder Ejecutivo nacional. De hecho, fue el propio Macri quien a pocos días de empezado 2016, promulgó la ley en cuestión.
En el artículo 51 de la ley se establece que “el Poder Ejecutivo nacional, reglamentará la presente norma en un plazo no mayor a los ciento veinte (120) días de su promulgación”. Pero desde la promulgación de la norma ya transcurrieron 439 días sin que se conozca la reglamentación de la ley para la acuicultura.
La puesta en marcha de la ley implica una apertura insospechada a la producción nacional y regional sobre un campo económico casi inexplorado en el país, salvo por ejemplos muy puntuales. Desde las experiencias con pacú y el cultivo de arroz hasta la proliferación de pequeños productores en el NEA con acceso al autosustento y agregado de valor.